La guerra contra la educación pública

DAVID BROOKSPor David Brooks

La Jornada

 

 

En este país de guerras hay una que sí –más allá de la retórica oficial– determinará el futuro de esta democracia: la gran disputa nacional en torno a la educación pública.

La ofensiva de los autoproclamados reformadores de la educación está compuesta por algunas de las fuerzas más poderosas del país, entre ellos los hombres más ricos de Estados Unidos, el gobierno federal, el sector financiero, los grandes medios y cabilderos, quienes afirman que el problema central de un sistema de enseñanza público en descomposición son los maestros de baja calidad y sus sindicatos que defienden el statu quo.

La solución que proponen, financiada por miles de millones en fondos privados, es sujetar el sistema de educación a un modelo empresarial guiado por ejecutivos, donde se evalúa a los docentes exclusivamente en torno a exámenes estandarizados y se mide todo por esquemas de datos bajo normas que se aplican al sector privado. A la vez, se busca aplicar el “libre mercado” al sector educativo, con esfuerzos para privatizar algunos segmentos y contratar cada vez más servicios del sector privado en la enseñanza pública.

En esta “guerra”, el enemigo son los maestros y sus sindicatos, a quienes culpan de resistir el cambio, proteger sus intereses mezquinos, que ponen encima de los de sus estudiantes, y de culpar a factores socioeconómicos por sus deficiencias.

Tal vez la expresión mejor conocida de este argumento fue la película documental Esperando a Superman, de 2010, que presentó un sistema educativo compuesto de maestros mediocres y complacientes, casi como burócratas, padres de familia frustrados y sindicatos del magisterio con el solo interés de proteger a sus agremiados. Según la película, la única y mejor solución son las llamadas escuelas chárter, que reciben fodos públicos, pero son administradas de manera privada, exentas de varias regulaciones, entre ellas, la obligación de contratar sólo profesores sindicalizados, y algunas pueden ser operadas con fines de lucro (hay más de 4 mil chárters en 40 estados del país, y ahora suman 5 por ciento de las escuelas públicas). Los críticos acusan que son la punta de lanza de la privatización.

Ineficiencia y mediocridad

El argumento sobre la mediocridad e ineficiencia de la educación pública ha sido nutrido por informes de instituciones y personalidades muy destacadas, desde el secretario del rubro, Arne Duncan, a algunos de los medios más influyentes del país. Bill Gates se ha obsesionado con el hecho de que el sistema de enseñanza pública ya no produce la calidad de trabajadores de alta capacitación técnica que requiere el país para competir a nivel mundial, algo que Barack Obama ha reiterado al insistir en que los estudiantes estadunidenses no pueden competir con los coreanos. Un grupo de trabajo del prestigioso Consejo de Relaciones Exteriores, encabezado por la ex secretaria de Estado Condoleezza Rice y el ex jefe de educación pública de la ciudad de Nueva York Joel Klein, dio la alarma de que el pobre desempeño educacional estadunidense en el contexto global representaba “una grave amenaza a la seguridad nacional”.

Noventa por ciento de los alumnos estadunidenses están en planteles públicos, alrededor de 50 millones actualmente. El gasto federal, estatal y municipal en enseñanza supera 600 mil millones dólares al año. Como afirma David Denby en The New Yorker, “el debate sobre el futuro de la educación es en parte sobre empleo, poder y dinero, y ahora es parte de la lucha ideológica entre el gobierno, como garante del bien comunitario, y la competencia del mercado como un creador potencial de excelencia”.

Por lo menos desde hace una década –algunos dicen que esta guerra empezó hace 20 años– este movimiento reformista ha sido financiado en gran parte por empresarios y sus fundaciones, la más sobresaliente la de Bill Gates (Microsoft), la familia Walton (de Walmart), Mark Zuckerberg (Facebook) y Eli Broad (su fortuna es de la aseguradora Sun Life) y Michael Bloomberg (de Bloomberg y actual alcalde de Nueva York). Estos han invertido miles de millones en programas de privatización de escuelas públicas (las llamadas escuelas chárter), en financiar think tanks, agrupaciones de cabildeo, centros de expertos, medios y periodistas, y en el apoyo y cabildeo de autoridades locales, estatales y federales, logrando imponer su agenda a escala nacional.

Ellos ya definen y determinan en gran medida el debate sobre las políticas en el sector en este país, y tienen entre sus filas a los jefes de educación de casi todas las principales ciudades del país, hasta el propio secretario del rubro, Arne Duncan, y su jefe, Barack Obama (como también a su antecesor, George W. Bush).

Privatización o escuelas chárter

Junto con ellos se ha integrado a este movimiento reformista un sector de nula experiencia y, anteriormente, ningún interés en la enseñanza pública: el financiero, que ahora también financia escuelas chárter, promueve reformas para establecer el modelo empresarial y condiciona sus contribuciones sustantivas a políticos en torno al apoyo a iniciativas favorecidas por los “reformadores”.

Desde 2002, la pieza central del movimiento reformista ha imperado sobre el panorama de la enseñanza pública, cuando el entonces presidente George W. Bush promulgó la ley No child left behind o NCLB (ningún niño dejado atrás), donde se establece el uso de los resultados de exámenes estandarizados estatales a estudiantes para medir el desempeño de maestros y escuelas, que en algunos casos puede llevar al despido de docentes y hasta la clausura de planteles. Por tanto, con cada año se obliga a que los maestros y administradores dediquen cada vez más tiempo, esfuerzo y atención a estos exámenes, ya que determinan, cada vez más, su futuro.

Al llegar Obama a la Casa Blanca, su secretario de educación formuló un programa, Race to the top o RTTT (Carrera a la cima), que promueve una competencia entre estados para ampliar el uso de estos exámenes, la elaboración de más medidas y programas para la evaluación estadística de estudiantes y maestros con base en los exámenes, y la creación de más escuelas chárter a cambio de fondos federales.

NCLB y RTTT son las coronas del movimiento reformista empresarial, y sus consecuencias se sienten a lo largo y ancho del país. Su argumento fundamental es que, con base en estas reformas, los maestros por fin serán evaluados objetividad, y con ello hay un proceso de rendición de cuentas en el sistema.

Mero negocio: antirreformistas

El problema, según los críticos de estas “reformas”, es que ni el diagnóstico de los reformadores, ni sus recetas están basadas en los hechos, lo cual ha llevado a críticos a considerar que las reformas tienen más que ver con negocios y una visión neoliberal que con la función y propósito de la educación pública. Citan numerosos estudios, investigaciones y datos que demuestran que las reformas no han generado los resultados prometidos, que el diagnóstico está viciado por graves errores en evaluación. Subrayan que el eje del modelo de reforma, los exámenes estandarizados, no puede ser usado para medir el desempeño de maestros y escuelas, según expertos nacionales y hasta directores de algunas de las empresas que se dedican a eso, incluyendo la Rand Corporation y la agencia de investigaciones sobre métodos de evaluación escolar de la Academia Nacional de Ciencias.

Por otro lado, en años recientes se ha revelado que en Nueva York, Houston, Chicago, Washington y otros lugares los políticos han inflado y manipulado los resultados de los exámenes que tanto señalan como pruebas del éxito de sus reformas.

“La educación pública está bajo ataque de las fuerzas de la privatización, por gente que hace promesas falsas”, declaró Diane Ravitch, profesora en la Universidad de Nueva York, quien hace una década fue una de las reformadoras más prominentes del país, ex secretaria asistente de educación en la presidencia de Bush padre, autora de 10 libros sobre políticas e historia de educación, entre otros logros destacados, quien ahora es tal vez la voz nacional más eminente en contra de los reformistas.

En un discurso el año pasado, agregó que “la profesión magisterial está bajo ataque de aquellos que culpan a los maestros por condiciones más allá de su control. Desean quitarles su profesionalismo y convertirlos en técnicos de exámenes”. También advirtió que “si logran quitar a los maestros el derecho de negociar el contrato colectivo, silencian sus voces.

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