Cómo la Carta Magna se convirtió en Minor Carta

Por Noam Chomsky *

 

 

 

 

En unas cuantas generaciones llegaremos al milenario de la Carta Magna, uno de los grandes acontecimientos en el establecimiento de los derechos civiles y humanos. No está del todo claro que vaya a celebrarse, a llorarse o a ignorarse.

Y eso debería ser objeto de inmediata y grave preocupación. Lo que hagamos o dejemos de hacer hoy determinará el tipo de mundo que salude ese acontecimiento. No es una perspectiva atractiva si persisten las actuales tendencias, y no es la menor de ellas que la gran carta se esté haciendo trizas ante nuestros ojos. .

La primera edición académica de la Carta Magna la publicó el eminente jurista William Blackstone. No fue tarea fácil. No había disponible ningún texto bueno. Tal como escribió, “el cuerpo de la carta se lo comieron, por desgracia, las ratas”, un comentario que comporta hoy un sombrío simbolismo, ante la tarea que las ratas dejaron inacabada.

La edición de Blackstone comprende en realidad dos cartas, que tienen por título la Carta Grande y la Carta del Bosque. La primera, la Carta de las Libertades, se reconoce de modo generalizado como cimiento de los derechos fundamentales de los pueblos de habla inglesa, o tal como dijera de modo más expansivo Winston Churchill, “la carta de cualquier hombre que se respetara en cualquier tiempo y lugar”. Churchill se refería concretamente a la reafirmación de la Carta por parte del Parlamento en la Petición de Derecho, que imploraba al Rey Carlos [I] que reconociera que es la ley la soberana, no el Rey. Carlos se avino a ello por breve tiempo, pero pronto violó su juramento, dejando lista la escena para una mortífera guerra civil.

Tras un amargo conflicto entre el Rey y el Parlamento, se restauró el poder de la realeza en la persona de Carlos II. En la derrota, no se olvidó la Carta Magna. Uno de los dirigentes del Parlamento, Henry Vane, fue decapitado. Trató de leer una alocución en el patíbulo, pero la ahogaron las fanfarrias para garantizar que tan escandalosas palabras no llegaran a oídos de las multitudes que vitoreaban. Su grave delito había consistido en redactar una petición denominando al pueblo “origen de todo poder justo” en la sociedad civil, no al Rey ni siquiera a Dios. Era esa la postura por la que abogó contundentemente Roger Williams, fundador de la primera sociedad libre en lo que hoy es el estado de Rhode Island. Sus heréticas opiniones influyeron en Milton y Locke, aunque Williams fue mucho más lejos, fundando la doctrina moderna de separación de la Iglesia y el Estado, todavía bastante recusada en las democracias liberales.

Como suele ser el caso, la aparente derrota llevó sin embargo adelante la lucha por la libertad y los derechos. Poco después de la ejecución de Vane, el rey Carlos otorgó una Carta Real a las plantaciones de Rhode Island, declarando que “la forma de gobierno es democrática”, y además que el gobierno podía proclamar la libertad de conciencia para papistas, ateos, judíos, turcos, hasta para los cuáqueros, una de las sectas más temidas y maltratadas de todas las que hicieron su aparición en aquellos turbulentos días. Todo esto resultaba asombroso en el clima de la época.

Pocos años más tarde, la Carta de Libertades se vio enriquecida por la Ley de Habeas Corpus de 1679, que tenía formalmente como título “Ley para mejor asegurar la libertad del súbdito y para evitar la prisión en ultramar”. La Constitución norteamericana, que toma prestado de la common law inglesa, afirma que “no se suspenderá la declaración de habeas corpus” salvo en caso de rebelión o invasión. En una decisión unánime, el Tribunal Supremo de los EE.UU. sostuvo que los derechos garantizados por esta Ley fueron “[c]onsiderados por los Fundadores [de la República Norteamericana] como la más alta salvaguarda de la libertad”. Todas estas palabras deberían hoy en día tener resonancia.

La Segunda Carta y los comunes

La significación de la carta que la acompañaba, la Carta del Bosque, no es menos honda y acaso sea hoy incluso más relevante, tal como ha explorado en detalle Peter Linebaugh en su estimulante historia, ricamente documentada, de la Carta Magna y su posterior trayectoria. La Carta del Bosque exigía la protección de los bienes comunales de poderes exteriores. Los bienes comunales eran fuente de sustento de la población general: su combustible, sus alimentos, sus materiales de construcción, todo lo que era esencial para la vida. El bosque no era la selva primitiva. Había sido cuidadosamente desarrollado a lo largo de las generaciones, mantenido en común, con sus riquezas a disposición de todos, y preservado para las futuras generaciones: prácticas que se encuentran hoy primordialmente en sociedades tradicionales que se hallan amenazadas a lo largo y ancho del mundo.

La Carta del Bosque imponía límites a la privatización. Los mitos de Robin Hood captan la esencia de sus preocupaciones (y no resulta en nada sorprendente que la popular serie televisiva de los años 50, Las aventuras de Robin Hood, fuera anónimamente escrita por guionistas de Hollywood represaliados en la lista negra por sus convicciones de izquierda). Ya para el siglo XVII, con todo, esta Carta había caído victima del ascenso de la economía mercantil y las prácticas y la moralidad capitalistas.

Perdida para los bienes comunales la protección del cuidado y uso cooperativos, los derechos de la gente del común se vieron restringidos a lo que no podía privatizarse, una categoría que continúa menguando hasta su práctica invisibilidad. En Bolivia, el intento de privatizar el agua se vio finalmente derrotado por un levantamiento que llevó al poder por vez primera en su historia a la mayoría indígena. El Banco Mundial acaba de dictaminar que la multinacional minera Pacific Rim puede proceder con su demanda contra el Salvador por tratar de preservar tierras y comunidades de una minería de oro enormemente destructiva. Las restricciones de orden medioambiental amenazan con privar a la empresa de futuros beneficios, delito que debe castigarse de acuerdo con las reglas que el régimen de derechos del inversor ha etiquetado mal como “libre comercio”. Y esto no es más que una minúscula muestra de las luchas en curso en buena parte del mundo, algunas de las cuales entrañan una extrema violencia, como en el Congo Oriental, donde han muerto millones de personas en años recientes para asegurar un amplio suministro de minerales para los teléfonos móviles y otros usos, y por supuesto amplios beneficios.

El ascenso de las prácticas y la moralidad capitalistas aportó una radical revisión de cómo se trataban los bienes comunales, y también de cómo se conciben. La vision hoy predominante la reproduce el influyente argumento de Garrett Hardin de que “la libertad en los bienes comunales termina por arruinarnos a todos”: lo que no tiene propiedad será destruido por la avaricia individual.

Su equivalente internacional se cifraba en el concepto de terra nullius, empleado para justificar la expulsión de las poblaciones indígenas en las sociedades coloniales de pobladores de la Angloesfera, o su “exterminio”, tal como describieron los padres fundadores de la república norteamericana lo que estaban haciendo, a veces con remordimientos, una vez llevado a cabo. De acuerdo con tan útil doctrina, los indios no tenían derechos de propiedad, puesto que no eran más que nómadas en una agreste naturaleza virgen. Y los colonos que trabajaban duro podían crear valor allí donde no lo había dando un uso comercial a esa misma naturaleza virgen

En realidad, los colonos eran más listos y hubo elaborados procedimientos de adquisición y ratificación por parte de la corona y el parlamento, posteriormente anulados por la fuerza cuando esas malvadas criaturas se resistieron a su exterminio. La doctrina se le atribuye a menudo a John Locke, pero eso es dudoso. Como administrador colonial, entendió lo que estaba sucediendo y no hay base en sus escritos para atribuírselo, tal como han demostrado los especialistas académicos contemporáneos de forma convincente, y en especial la obra del especialista australiano Paul Corcoran (fue, de hecho, en Australia, donde esta doctrina se aplicó con mayor brutalidad).

Las sombrías previsiones de la tragedia de los bienes comunales no han quedado sin desafiar. La difunta Elinor Olstrom fue galardonada en 2009 con el Premio Nobel de Economía por trabajos que demostraban la superioridad de la gestión de pesquerías, pastos, bosques, lagos, y cuencas de aguas subterráneas por parte de sus usuarios. Pero la doctrina tiene fuerza si aceptamos su premisa no declarada: que los seres humanos están ciegamente impulsados por lo que los trabajadores norteamericanos, al inicio de la revolución industrial, llamaron con amargura “el Nuevo Espíritu de la Época, hazte rico y olvídate de todo salvo de ti mismo”.

Al igual que los campesinos y trabajadores ingleses antes que ellos, los trabajadores norteamericanos denunciaron este Nuevo Espíritu que se les imponía, juzgándolo degradante y destructivo, un ataque a la misma naturaleza de los hombres y mujeres libres. Y acentúo el caso de las mujeres; entre las más activas y elocuentes en su condena de la destrucción de los derechos y dignidad de las gentes libres por parte del sistema industrial capitalista estaban las “chicas de las fábricas”, jóvenes procedentes de granjas. También ellas se vieron abocadas a un régimen de trabajo asalariado supervisado y controlado, que se consideraba en la época distinto del cautiverio sólo en que era temporal. Esa posición se consideraba tan natural que se convirtió en lema del partido Republicano, una bandera bajo la que portaron las armas los trabajadores del Norte durante la Guerra Civil norteamericana.

Controlar el deseo de democracia

Eso sucedió hace 150 años; en Inglaterra, antes. Se han dedicado ingentes esfuerzos a inculcar el Nuevo Espíritu de la Época. Hay sectores de primera importancia que se concentran en la tarea: las relaciones públicas, la publicidad, la mercadotecnia en general, todos los cuales suponen una parte muy importante del Producto Interior Bruto. Se dedican a lo que el gran economista político denomino “fabricación de necesidades”. En el mundo de los mismos dirigentes empresariales, la tarea consiste en dirigir a la gente a “las cosas superficiales” de la vida, como “el consumo a la moda”. De esa forma puede atomizarse a la gente, buscando solo la ganancia personal, desviándola de peligrosos esfuerzos por pensar por si mismas y poner la autoridad en tela de juicio.

El proceso por el que se moldea la opinión, las actitudes y las percepciones lo denominó “ingeniería del consentimiento” uno de los fundadores de la moderna industria de relaciones públicas, Edward Bernays. Bernays fue un respetado progresista de Wilson-Roosevelt-Kennedy, muy del estilo de su contemporáneo, el periodista Walter Lippmann, el más destacado intelectual público del siglo XX en Norteamérica, que alababa “la fabricación del consentimiento” como “nuevo arte” en la práctica de la democracia.

Ambos entendieron que al público hay que “ponerlo en su lugar”, marginado y controlado, por su propio interés, por supuesto. Era demasiado “estúpido e ignorante” para permitirle que gestionara sus propios asuntos. La tarea debía recaer en la “minoría inteligente”, a la que ha de protegerse del “atropello y los rugidos de[l] perplejo rebaño”, los “intrusos entrometidos e ignorantes”, la “multitud de granujas”, tal como los denominaban sus predecesores del siglo XVII. El papel de la población general consistía en hacer de “espectadores”, no de “participantes en acción”, en una sociedad democrática que funcione como es debido.

Y a los espectadores no se les debe dejar que vean demasiado. El presidente Obama ha establecido nuevos baremos para salvaguardar este principio. De hecho, ha castigado a más denunciantes de tropelías que todos los demás presidentes anteriores, un verdadero logro para una administración que llegó al gobierno prometiendo transparencia. WikiLeaks no es más que el caso más célebre, con la cooperación de los británicos.

Entre las muchas cuestiones que no son asunto de la perpleja manada está la política exterior. Cualquiera que haya estudiado documentos secretos habrá descubierto que en buena medida su clasificación estaba destinada a proteger a funcionarios públicos del examen de la opinión pública. En el plano nacional, la chusma no debería escuchar el consejo que dan los tribunales a las grandes empresas: que deberían dedicar algunos esfuerzos que sean bien visibles a las buenas obras, no vaya a ser que un “público despierto” descubra los enormes beneficios que les proporciona un estado niñera. De modo más general, el público norteamericano no debería enterarse de que “las medidas políticas del Estado son abrumadoramente regresivas, con lo que refuerzan y extienden la desigualdad social”, aunque se diseñen de forma que lleven a “que la gente piense que el gobierno ayuda solamente a los pobres que no se lo merecen, permitiendo que los políticos movilicen y exploten la retórica y los valores antigubernamentales aun cuando continúan canalizando apoyo a sus electores mejor situados”…cito de la principal revista del sistema establecido, Foreign Affairs, no de ningún periodicucho radical.

Con el tiempo, conforme las sociedades se volvían más libres y el recurso de la violencia del Estado más constreñido, el impulso de idear sofisticados métodos de control de las actitudes y la opinión no ha hecho más que crecer. Es natural que la inmensa industria de relaciones públicas se haya creado en las sociedades más libres, los Estados unidos y Gran Bretaña. La primera agencia de propaganda moderna fue hace un siglo el Ministerio de Información británico, que definió de modo secreto su labor en términos de “dirigir el pensamiento de la mayoría del mundo” – primordialmente los intelectuales progresistas norteamericanos, que se habían movilizado para venir en ayuda de Gran Bretaña durante la I Guerra Mundial.

Su homólogo norteamericano, el Comité de Información Pública, lo formó Woodrow Wilson para llevar a una población pacifista al odio violento por todo lo alemán…con notable éxito. La publicidad comercial norteamericana impresionó profundamente a otras personas. Goebbels la admiraba y la adoptó a la propaganda nazi, con muchísimo éxito. Los dirigentes bolcheviques lo intentaron, pero sus esfuerzos fueron torpes e ineficaces.

Una tarea interna primordial ha consistido siempre en “mantener alejado [al público] de nuestros gargantas”, tal como describió el ensayista Ralph Waldo Emerson las preocupaciones de los dirigentes políticos a medida que la amenaza de la democracia se iba haciendo más difícil de suprimir a mediados del siglo XIX. Más recientemente, el activismo de la década de 1960 le movió a expresar su inquietud de una “excesiva democracia”, y apeló a medidas que impusieran una “mayor moderación” en la democracia.

Una preocupación en particular consistió en introducir mejores controles sobre las instituciones “responsables del adoctrinamiento de los jóvenes”: escuelas, universidades, iglesias, de las que se consideraba que estaban fracasando en esa labor esencial. Estoy citando reacciones de un extremo de la izquierda liberal dentro del espectro dominante, los internacionalistas liberales que más tarde nutrieron la administración Carter y sus homólogos de otras sociedades industriales. El ala derecha era mucho más áspera. Una de las muchas manifestaciones de este impulso ha consistido en el brusco aumento de las tasas universitarias, que no se basas en razones económicas, como puede fácilmente demostrarse. El mecanismo, sin embargo, bien que atrapa y controla a los jóvenes mediante la deuda, a menudo lo que les resta de vida, contribuyendo así a un adoctrinamiento más eficaz.

El pueblo de los tres quintos

Por ir un poco más allá con estos temas de importancia, observamos que la destrucción de la Carta del Bosque, y su desaparición de la memoria, está bastante más estrechamente relacionada con los esfuerzos por restringir la promesa de la Carta de Libertades. El “Nuevo Espíritu de la Época” no puede tolerar la concepción precapitalista del Bosque como como fondo compartido de la comunidad en su conjunto, cuidado de forma comunal para su uso y el de las generaciones futuras, protegido de la privatización, de su transferencia a manos privadas para que sirva a la opulencia, no a las necesidades. Inculcar el Nuevo Espíritu constituye un requisito previo esencial para lograr este fin, así como para impedir que la Carta de Libertades se utilice mal por parte de los ciudadanos para determinar su propio destino.

Las luchas populares por crear una sociedad más libre y justa han topado con la resistencia ofrecida por la violencia y la represión y los esfuerzos masivos por controlar la opinión y las actitudes. Con el tiempo, no obstante, han gozado de éxito considerable, aunque haya un largo camino que recorrer y a menudo encontremos retrocesos. Los hay, en realidad, ahora mismo.

La parte más famosa de la Carta de Libertades es el artículo 39, que declara que “no se castigará en modo alguno a ningún hombre libre” ni “procederemos en su contra o le perseguiremos, salvo mediante el legítimo juicio de sus iguales y por medio de la ley del lugar”.

Gracias a muchos años de lucha, el principio ha llegado a sostenerse de forma más amplia. La Constitución norteamericana establece que a ninguna “persona se le prive de vida, libertad, o propiedad, sin el debido proceso legal [y] un juicio rápido y público” por parte de sus iguales. El principio básico se cifra en la “presunción de inocencia” – lo que los historiadores legales describen como “semilla de la libertad angloamericana contemporánea”, refiriéndose al Artículo 39; y teniendo en mente al Tribunal de Núremberg, una “variedad especialmente norteamericana de legalismo: castigo únicamente para aquellos cuya culpabilidad se ha demostrado mediante un juicio justo con una serie de protecciones procedimentales”, aunque no haya dudas de su culpabilidad por algunos de peores crímenes de la historia.

Por supuesto que los fundadores no tenían la intención de que el término “persona” se aplicase a todas las personas. Los nativos norteamericanos no eran personas. Sus derechos eran prácticamente nulos. Las mujeres eran escasamente personas. Se entendía que las esposas quedaban “cubiertas” por la identidad civil de sus maridos del mismo modo que los niños estaban sujetos a sus padres. Los principios de Blackstone sostenían que “el ser mismo o la existencia legal de la mujer se suspenden durante el matrimonio, o al menos se incorporan o consolidan en el del marido: bajo cuya ala, protección y cobertura ella lleva a cabo cualquier actividad”. Las mujeres son, por tanto, propiedad de sus padres y maridos. Estos principios han continuado hasta muy recientes años. Hasta la decisión del Tribunal Supremo de 1975, las mujeres ni siquiera gozaban del derecho legal de formar parte de un jurado. No eran iguales. Hace dos semanas, la oposición republicana bloqueó la Ley de Justicia Salarial [Fairness Paycheck Act] que garantizaba a las mujeres igual salario a igual trabajo. Y va mucho más allá,

Los esclavos, por supuesto, no eran personas. Eran en efecto humanos sólo en tres quintas partes, de acuerdo con la Constitución, para poder así otorgar a sus propietarios mayor poder de voto. La protección de la esclavitud no fue una preocupación menor de los fundadores: fue un factor que condujo a la revolución norteamericana. En 1772, en el caso de Somerset, Lord Mansfield determinó que la esclavitud es tan “odiosa” que no se podía tolerar en Inglaterra, aunque continuase durante muchos años en posesiones británicas. Los propietarios de esclavos norteamericanos vieron claramente lo que se avecinaba de seguir las colonias bajo dominio británico. Y habría que recordar que los estados esclavistas, incluyendo Virginia, disponían del mayor poder e influencia en las colonias. Se puede entender fácilmente la célebre ironía del Doctor Johnson según la cual “oímos los gañidos más chillones de libertad de parte de los propietarios de negros”.

Las enmiendas posteriores a la Guerra Civil ampliaron el concepto persona a los afroamericanos, acabando con la esclavitud. Por lo menos, en teoría. Después de cerca de una década de relativa libertad, se reintrodujo una situación semejante a la esclavitud gracias a un pacto Norte-Sur que permitía la efectiva criminalización de la vida de los negros. Un varón negro en la esquina de una calle podía ser detenido por vagabundeo, o por intento de violación si miraba a una mujer blanca del modo equivocado. Y una vez en la cárcel tenía pocas posibilidades de escapar del sistema de “esclavitud con otro nombre”, término utilizado por el entonces jefe de redacción del Wall Street Journal, Douglas Blackmon, en un estudio llamativo.

Esta nueva versión de la “peculiar institución” proporcionó buena parte de la base de la revolución industrial norteamericana, con una perfecta mano de obra para la industria del acero y la minería, junto a la producción agrícola en las famosas cuerdas de presos encadenados: dóciles, obedientes, sin huelgas y sin necesidad de que los patronos sustentaran siquiera a sus trabajadores, una mejora de la esclavitud. El sistema duró en buena medida hasta la II Guerra Mundial, cuando se hizo preciso el trabajo libre para la producción bélica.

El auge de la postguerra proporcionó empleos. Un hombre negro podía conseguir trabajo en una fábrica sindicalizada, ganar un salario decente, adquirir una vivienda, y tal vez enviar a sus hijos a la universidad. Eso vino a durar unos veinte años, hasta la década de 1970, cuando la economía volvió a diseñarse de forma radical de acuerdo con los nuevos principios neoliberales dominantes, con el rápido crecimiento de financiarización y la deslocalización de la producción. La población negra, hoy en buena medida superflua, ha vuelto a ser criminalizada.

Hasta la presidencia de Ronald Reagan, el encarcelamiento en los EE. UU. se encontraba dentro de los parámetros de las sociedades industriales. Hoy se encuentra a gran distancia de las demás. Toma como objetivo primordial a los varones negros, y cada vez más a las mujeres negras e hispanas, en buena medida culpables de delitos sin víctimas dentro de las fraudulentas “guerras de las drogas”. Entretanto, la riqueza de las familias afroamericanas se ha visto prácticamente borrada por la actual crisis financiera, en no poca medida gracias al comportamiento criminal de las instituciones financieras, con impunidad para sus perpetradores, hoy más ricos que nunca.

Si se mira la historia de los afroamericanos desde la llegada de los primeros esclavos hace casi 500 años hasta el presente, sólo han disfrutado de la auténtica condición de personas durante unas pocas décadas. Queda un largo camino para realizar la promesa de la Carta Magna.

Personas sagradas y procesos inacabados

La decimocuarta enmienda posterior a la Guerra Civil garantizaba derechos como personas a los antiguos esclavos, aunque la mayoría en teoría. Al mismo tiempo, creaba una nueva categoría de personas con derechos: las grandes empresas. De hecho, casi todos los casos que han terminado en los tribunales relativos a la decimocuarta enmienda tenían que ver con derechos empresariales, y para hace un siglo, ya habían determinado que estas ficciones legales colectivistas, establecidas y sustentadas por el poder del Estado, poseían plenos derechos, como las personas de carne y hueso; en realidad, derechos bastante mayores, merced a sus dimensiones, inmortalidad y protecciones de responsabilidad limitada. De acuerdo con los “acuerdos de libre comercio”, [la multinacional minera] Pacific Rim puede, por ejemplo, demandar a El Salvador por intentar proteger el medio ambiente; los individuos no pueden hacer tal cosa. General Motors puede reclamar derechos nacionales en México. No hay necesidad de preocuparse por lo que pasaría si un mexicano exigiera derechos nacionales en los Estados Unidos.

En el plano interno, los recientes dictámenes del Tribunal Supremo incrementan el enorme poder político de las grandes empresas y los superricos, golpeando con mayor fuerza aún los vacilantes vestigios de una democracia política operativa.

Mientras tanto, la Carta Magna sufre ataques más directos. Recordemos la Ley de Habeas Corpus de 1679, que prohibía la “prisión en ultramar”, y desde luego el procedimiento bastante más despiadado de prisión en el extranjero con el fin de torturar: lo que hoy se llama más educadamente “entrega”, como cuando Tony Blair entregó al disidente libio Abdel Hakim Belhaj, hoy dirigente de la rebelión, a la misericordia del Coronel Gadafi; o cuando las autoridades norteamericanas deportaron al ciudadano canadiense Maher Arar a su Siria natal para ser encarcelado y torturado, reconociendo sólo posteriormente que no había caso en su contra. Y muchos otros, a menudo a través del aeropuerto de Shannon, lo que provocó valerosas protestas en Irlanda.

El concepto del debido proceso se ha ampliado con la campaña internacional de asesinatos de la administración de Barack Obama, de tal modo que vuelve nulo y vacuo este elemento central de la Carta de Libertades (y de la Constitución). El Departamento de Justicia explicó que la garantía constitucional del debido proceso, que se remonta a la Carta Magna, queda ahora satisfecha únicamente con las deliberaciones internas del brazo ejecutivo. El abogado constitucional de la Casa Blanca se mostró de acuerdo. El rey Juan Sin Tierra [al que se obligó a firmar la Carta Magna] habría asentido con satisfacción.

La cuestión se suscitó después del asesinato, ordenado por el presidente mediante aviones no tripulados, de Anuar al-Awlaki, acusado de incitar a la yijad de palabra y por escrito y de acciones sin determinar. Un titular del New York Times captó la reacción general de la élite cuando fue asesinado en un ataque con aviones no tripulados junto a los habituales daños colaterales. Rezaba: “Occidente celebra la muerte de un clérigo”. Algunos levantaron las cejas, pues se trataba de un ciudadano norteamericano, lo que suscitaba preguntas sobre el debido proceso…que se consideran irrelevantes cuando se asesina a los no-ciudadanos al antojo del jefe ejecutivo. E irrelevante, también, de acuerdo con las innovaciones legales sobre el debido proceso en la administración de Obama.

A la presunción de inocencia también se le ha dado una nueva y útil interpretación. Tal como informaba el New York Times: “Obama adoptó un método discutido para contar las bajas civiles de modo que no se pillara los dedos. Cuenta en efecto como combatientes a todos los varones en edad militar en la zona del ataque, de acuerdo con diversos funcionarios de la administración, a menos que existan datos de inteligencia que de forma póstuma demuestren que se trata de inocentes”. De modo que la determinación de inocencia posterior al asesinato mantiene el sagrado principio de la presunción de inocencia.

Sería descortés recordar las convenciones de Ginebra, cimientos de la moderna ley humanitaria: prohiben “llevar a cabo ejecuciones sin juicio previo pronunciado por un tribunal regularmente constituido, que permita todas las garantías judiciales que se reconocen como indispensables por los pueblos civilizados”.

El caso célebre más reciente de asesinato ejecutivo fue el de Osama Bin Laden, asesinado tras haber sido detenido por 79 comandos de la marina (Navy Seals) indefenso, acompañado tan sólo de su esposa, y con su cuerpo arrojado al mar sin autopsia. Se piense lo que se piense de él, era un sospechoso y nada más que un sospechoso. Hasta el FBI concuerda en esto.

La celebración fue en este caso abrumadora, pero se suscitaron unas cuantas preguntas acerca del desabrido rechazo del principio de presunción de inocencia, sobre todo cuando un juicio era apenas imposible. Fueron objeto de dura condena. La más interesante fue la de Matthew Yglesias, respetado comentarista político liberal de izquierda, que explicaba que “una de las principales funciones del orden institucional internacional consiste precisamente en legitimar el uso de una fuerza militar mortífera por parte de las potencias occidentales”, de manera que resulta “asombrosamente ingenuo” sugerir que los EE.UU. tengan que obedecer el Derecho Internacional u otras condiciones que rectamente exigimos a los más débiles.

Sólo pueden elevarse objeciones tácticas a la agresión, el asesinato, la ciberguerra u otras acciones que el Santo Estado lleva a cabo al servicio de la humanidad. Si las víctimas tradicionales ven las cosas de modo un tanto diferente, eso simplemente revela su atraso moral e intelectual. Y al ocasional crítico occidental que no llega a comprender estas verdades fundamentales se le puede desestimar por “tonto”, explica Yglesias, refiriéndose, por cierto, a mí, y yo confieso alegremente mi culpa.

Listado ejecutivo de terroristas

Acaso el ataque más llamativo a los cimientos de las libertades tradicionales sea un caso poco conocido que llevó al Tribunal Supremo la administración Obama, Holder contra el Proyecto de Derecho Humanitario [Humanitarian Law Project]. Se condenó al Proyecto por suministrar “asistencia material” a la organización guerrillera del PKK, que ha luchado durante muchos años por los derechos de los kurdos en Turquía y figura en la lista de grupos terroristas del Ejecutivo estatal. La “asistencia material” consistió en asesoría legal. La redacción de la sentencia parecería aplicarse de forma muy amplia, por ejemplo, a debates y peticiones de investigación, incluso a aconsejar al PKK ceñirse a medios no violentos. Nuevamente existía un espacio marginal de crítica, pero hasta éste aceptaba la legitimidad del listado terrorista del Estado: decisiones arbitrarias del Ejecutivo, sin recurso.

El historial del listado de terroristas guarda cierto interés. Así, por ejemplo, en 1988 la administración de Reagan declaró que el Congreso Nacional Africano era uno de los “grupos terroristas más destacados” del mundo, a fin de que Reagan pudiera mantener su apoyo al régimen del apartheid y su depredación asesina de Sudáfrica y los países vecinos como parte de su “guerra contra el terror”. Veinte años después, salió finalmente del listado de terroristas y hoy puede viajar a los EE. UU. sin ir provisto de una dispensa especial.

Otro caso interesante es el de Sadam Husein, eliminado de la lista de terroristas en 1982 para que la administración Reagan pudiera proporcionarle apoyo para su invasión de Irán. Dicho apoyo continuó bastante después de que concluyera la guerra. En 1989, el presidente Bush llegó incluso a invitar a ingenieros nucleares iraquíes a los EE.UU. para su formación avanzada en producción de armamento, otra información que hay que apartar de los ojos de los “intrusos entrometidos e ignorantes”.

Uno de los ejemplos más feos del uso del listado de terroristas guarda relación con el torturado pueblo de Somalia. Inmediatamente después del 11 de septiembre, los EE.UU. clausuraron la red organizativa benéfica somalí Al-Barakaat sobre la base de que financiaba el terrorismo. Este logro fue saludado como uno de los grandes éxitos de la “guerra contra el terror”. Por contraste, la retirada un año después de los cargos como carentes de fundamento por parte de Washington despertó poco interés.

Al-Barakaat era responsible de cerca de la mitad de los 500 millones de dólares de remesas a Somalia, “más de lo que obtiene de cualquiera de los sectores económicos y diez veces la cantidad de ayuda exterior que recibe [Somalia]”, según determinó un examen de las Naciones Unidas. La organización benéfica gestionaba también negocios de importancia en Somalia, todos ellos destruidos. El más destacado especialista académica de la “guerra financiera contra el terror”, Ibrahim Warde, concluye que aparte de destrozar la economía, este frívolo ataque contra una sociedad muy frágil “puede haber desempeñado su papel en el ascenso de… los fundamentalistas islámicos”, otra consecuencia familiar de la “guerra contra el terror”.

La idea misma de que sea el Estado quien deba gozar de la autoridad para emitir tales juicios es una grave ofensa a la Carta de las Libertades, como lo es el hecho de que se considere indiscutible. Si la caída en desgracia de la Carta sigue la senda de estos últimos años, el futuro de los derechos y libertades se presenta obscuro.

¿Quién reirá el último?

Unas cuantas palabras finales sobre el destino de la Carta del Bosque. Su meta consistía en proteger la fuente de sustento de la población, los bienes comunales, de poderes externos: en los primeros tiempos, de la realeza; con los años, los cercamientos y otras formas de privatización por parte de grandes empresas predadoras y de las autoridades del Estado que cooperan con ellas no han hecho más que acelerarse y se recompensan adecuadamente. Los daños son muy amplios.

Si escuchamos hoy las voces del sur podemos llegar a saber que “la conversión de los bienes públicos en propiedad privada mediante la privatización de un entorno, el nuestro, gestionado si no de manera común, es un modo mediante el cual las instituciones neoliberales eliminan los frágiles hilos que mantienen unidas a las naciones africanas. La política ha quedado hoy reducida a una empresa lucrativa en la que se contemplan principalmente los retornos de la inversión antes que una actividad que puede contribuir a reconstruir entornos, comunidades y naciones enormemente degradadas. Esta es una de las ventajas de los programas de ajuste estructural infligidos al continente: la entronización de la corrupción”. Cito al poeta y activista nigeriano Nnimmo Bassey, presidente de Amigos de la Tierra Internacional, en su lacerante revelación del saqueo de las riquezas africanas, To Cook a Continent [Cocinar un continente], última fase de la tortura occidental de África.

Tortura que se ha planificado siempre al más alto nivel, habría que admitirlo. A finales de la Segunda Guerra Mundial, los EE.UU. ostentaban una posición de poder global sin precedentes. No ha de sorprender que se hicieran cuidadosos y sofisticados planes respecto a cómo organizar el mundo. A cada región se le asignó una “función” por parte de los planificadores del Departamento de Estado, encabezados por el distinguido diplomático George Kennan. Él determinó que los EE.UU. no tenían especial interés en África, de modo que debía entregarse a Europa para ser “explotada” – el término es suyo – para su reconstrucción. A la luz de la historia, se podría haber imaginado una relación diferente entre Europa y África, pero no hay indicaciones de que tal cosa llegase alguna vez a considerarse.

Más recientemente, los EE.UU. han reconocido que también ellos han de sumarse al juego de explotar África, junto a nuevos participantes como China, que se muestra muy diligente en su labor de acumular uno de los peores historiales de destrucción del entorno y de opresión de las desventuradas víctimas.

Debería ser innecesario extenderse sobre los peligros extremos que plantea un elemento central de las obsesiones predadoras que están ocasionando calamidades por todo el mundo: la dependencia de los combustibles fósiles, que nos expone a un desastre global, acaso en un futuro no tan lejano. Se pueden discutir los detalles, pero hay pocas dudas serias de que los problemas son graves, si no imponentes, y que cuanto más tardemos en arrostrarlos, más terrible será la herencia que dejemos a las generaciones por venir. Hay algunos esfuerzos por encarar la realidad, pero son de lo más mínimos. La reciente Conferencia Rio+20 se abrió con magras aspiraciones y concluyó con resultados irrisorios.

Entretanto, la concentración de poder carga del lado contrario, encabezada por el país más rico y poderoso de la historia del mundo. Los republicanos del Congreso están desmantelando las limitadas disposiciones medioambientales iniciadas por Richard Nixon, que sería algo así como un peligroso radical en la escena política de hoy. Los principales grupos de presión empresariales anuncian abiertamente sus campañas de propaganda para convencer a la opinión pública de que no hace falta una preocupación indebida…con cierto efecto, a juzgar por las encuestas.

Los medios cooperan cuando no informan siquiera de las previsiones cada vez más graves de las agencias internacionales y hasta del Departamento de Energía norteamericano. La presentación convencional consiste en un debate entre alarmistas y escépticos: de una parte prácticamente todos los científicos cualificados, de la otra, unos cuantos negadores que se resisten. No forman parte del debate un gran número de expertos, entre los que se encuentran los del programa de cambio climático del Massachusetts Institute of Technology, además de otros, que critican el consenso científico por ser demasiado conservador y precavido0, con el argumento de que la verdad en lo que toca al cambio climático es bastante más atroz. No es de sorprender que la opinión pública se muestre confundida.

En su discurso del Estado de la Unión en enero, Obama saludó las brillantes perspectivas de un siglo de autosuficiencia energética, gracias a las nuevas tecnologías que permiten la extracción de hidrocarburos de arenas alquitranadas, esquistos y otras fuentes anteriormente inaccesibles. Otros coinciden: el Financial Times pronostica un siglo de independencia energética para los EE.UU. La información menciona las destructivas repercusiones locales de los nuevos métodos. Lo que no se hace en estos pronósticos optimistas es la pregunta: ¿qué clase de mundo sobrevivirá a esta rapaz acometida?

En primera línea a la hora de enfrentar esta crisis a lo largo y ancho del mundo se encuentran las comunidades indígenas, las que siempre han sostenido la Carta de los Bosques. La posición más sólida ha sido la adoptada por el único país que gobiernan, Bolivia, el país más pobre de América del Sur, víctima durante siglos de la destrucción occidental de los ricos recursos de una de las sociedades más avanzadas del hemisferio antes de Colón.

Tras el ignominioso derrumbe de la cumbre sobre cambio climático de Copenhague en 2009, Bolivia organizó una Cumbre de los Pueblos con 35.000 participantes de 140 países, no sólo representantes de gobiernos sino también de la sociedad civil y activistas. Elaboró un Acuerdo de los Pueblos, que apelaba a una fortísima reducción de emisiones, y una Declaración Universal de Derechos de la Madre Tierra. Se trata de una exigencia clave de las comunidades indígenas del mundo entero. La ridiculizan los sofisticados occidentales, pero a menos que podamos adquirir algo de su sensibilidad, es probable que sean ellos los últimos que se rían, una risa de lúgubre desesperación.

 

*Noam Chomsky es profesor emérito del Departamento de Lingüística y Filosofía del MIT. Universalmente reconocido como renovador de la lingüística contemporánea, es el autor vivo más citado, el intelectual público más destacado de nuestro tiempo y una figura política emblemática de la resistencia antiimperialista mundial.

 

FUENTE:  SIN PERMISO  I   II

VERSION INGLES:  http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2012/jul/24/magna-carta-minor-carta-noam-chomsky    Parte 1

http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2012/jul/25/magna-carta-minor-carta-noam-chomsky   parte 2

Anuncios

Responder

Por favor, inicia sesión con uno de estos métodos para publicar tu comentario:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s