Informe del HUD: Al desnudo el fraude hipotecario de los bancos

 

Por Barry Grey – Global Research

 

 

El lunes (12 de marzo), el acuerdo entre cinco grandes bancos y los gobiernos federales y de 49 estados sobre las acusaciones relacionadas con el fraude en las ejecuciones hipotecarias, fue archivado en una corte de distrito federal en Washington, D.C. El acuerdo debe ser aprobado por la corte para que entre en efecto.
El acuerdo, reportado por un valor de $25 mil millones, fue anunciado el 9 de febrero y aplaudido por el presidente Obama como una reprimenda seria a los bancos y en favor a los dueños de casas con problemas para pagar sus hipotecas.
Pero no es nada de lo que se dijo. El acuerdo tira a la basura las investigaciones de 49 fiscales generales estatales sobre el fraude al por mayor y la ilegalidad cometida por los cinco prestadores más grandes de hipotecas en sus acometidas para cancelarles sus hipotecas a los dueños de casas y tomar posesión de estas. Los primeros abusos emergieron en el otoño del 2010, en medio de informes de fraudes en las sumisión de los documentos (“robo-signing”) a las cortes para el procedimiento de las ejecuciones hipotecarias.
Se reveló que los empleados de los bancos y los contratistas rutinariamente confirmaban la exactitud de los documentos afirmando que los bancos poseían los título de las casas (en procesos de ejecución hipotecaria) sin comprobar los hechos o incluso sin haber leído los documentos que firmaban. El proceso estuvo lleno de falsificaciones, notarizaciones fraudulentas, descripciones de empleos inexistentes de los firmantes y otras violaciones de la ley.
La queja federal contra los bancos archivada el lunes así como los reportes de las auditorías sobre las cinco instituciones publicadas el martes (1) por el Inspector General del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD), muestran que las acciones ilegales encubiertas por las ahora suprimidas investigaciones, fueron más allá del proceso fraudulento de los documentos.
El gobierno acusó a los bancos con ocho cargos de violar las leyes federales y estatales sobre las ejecuciones hipotecarias y las leyes de préstamos, incluyendo: cargos incorrectos a los dueños de una casa que se retrasaron en sus pagos, fallos en proporcionar la documentación apropiada en las ejecuciones hipotecarias, pérdidas de documentos después de que los consumidores solicitaban asistencia de préstamos, y negar ilícitamente ayuda a los consumidores que la pedían.
La demanda alegaba que la conducta delictiva los cinco prestamistas de hipotecas “dieron lugar a la emisión de hipotecas incorrectas, de ejecuciones hipotecarias prematuras y desautorizadas, de la violación de derechos y otras protecciones a los miembros del servicio y otros dueños casas, el uso de declaraciones juradas falsas y engañosas y otros documentos, y el derroche y el abuso de los fondos de los contribuyentes”.
Los informes del Inspector General documentaron el hecho de que el robo a través del trámite de los documentos para las ejecuciones hipotecarias, fue ordenador por las altas gerencias en los bancos. También acusan a los cinco bancos de impedir la investigación de sus prácticas por parte del gobierno.

Protegidos por el acuerdo
Pero lejos de castigar con toda la severidad de la ley a los bancos —Bank of America, JPMorgan Chase, Citigroup, Wells Fargo y Ally Financial— el acuerdo archivado el lunes es un muro para blindarlos potenciales multas de decenas de miles de millones de dólares en multas y daños que resultarían de las investigaciones de los estados. Los bancos dictaron gran parte los términos del acuerdo en el curso de 16 meses de negociaciones, durante las cuales el gobierno de Obama ejerció presión sobre gobiernos estatales recalcitrantes, particularmente los de California y Nueva York, para que firmaran el acuerdo. Según los términos del acuerdo, los bancos no admiten ninguna fechoría.
A cambio de finalizar las investigaciones estatales, los bancos tienen simplemente que pagar una multa combinada de $5 mil millones. De estos, $1.5 mil millones debe ser destinados para pagarles a unos 750.000 dueños de casa una suma simbólica de $1.500 a $2.000, que perdieron ilegalmente sus propiedades en el proceso fraudulento. Ninguna de las familias cuyas casas fueron efectivamente robados por los bancos será recompensada en su totalidad.
El resto de los $25 mil millones reportados en el acuerdo están bajo la forma de un alivio que será proporcionado por los bancos a los propietarios “sumergidos” —esos que deban más en sus hipotecas que el valor comercial de sus hogares. De esto, $10 mil millones irán supuestamente a reducir el principal en los préstamos hipotecarios, $3 mil millones para bajar los tipos de interés mensuales, y los otros $7 mil millones para los “short sale” y otras medidas para permitir que los prestatarios atrasados en sus pagos eviten la ejecución de sus hipoteca. Los últimos procedimientos ya están siendo realizados por los bancos, así que recibirán $7 mil millones en créditos por lo que ya están haciendo.
The Financial Times reportó el mes pasado que la mayor parte del costo del acuerdo será cubierto por los fondos del contribuyente. A insistencia del gobierno de Obama, a los bancos se les permitirá hacer uso un programa federal existente, el Home Affordable Modification Program (HAMP), que proporciona fondos públicos a los bancos que acuerdan reducir el principal en los préstamos hipotecarios a los propietarios en apuros. Casi dos tercios del valor de cualquier reducción que los cinco bancos hagan serán recompensados con los fondos de este programa, reportó The Financial Times.

Desprecio a las investigaciones
Aunque todas estas medidas se realizan, menos del 5 por ciento de los 11.1 millones propietarios “sumergidos” de la nación serán elegibles para la ayuda, según un análisis de Ted Gayer, co-director de estudios económicos en el Brookings Institute.
Los informes del Inspector General del HUD demuestran el vulgar desprecio de los bancos para con la investigación del gobierno. El Bank of America, por ejemplo, rechazó proporcionar los archivos y documentos completos y se rehusó a proporcionar algunas de sus políticas de ejecuciones hipotecas a los investigadores del HUD. Y no cumplió totalmente con las citaciones judiciales. También limitó las entrevistas con sus empleados y ordenó a sus empleados no contestar a ciertas preguntas.
JPMorgan no proporcionó ciertos expedientes, mientras que otros expedientes estaban incompletos. Wells Fargo no permitió que el Inspector General se entrevistara con algunos empleados y no pudo proporcionar la información de una “manera oportuna”, según reportó el Inspector General. Ally Financial puso barricadas similares, según el informe del Inspector General de sobre ese banco.
A pesar de estos intentos de sabotaje, el documento del HUD reporta un fraude sistemático realizado por los bancos, proporcionando claros ejemplos. Un notario reportó que su carga de trabajo iba de 60 a 200 documentos por día a más de 20.000. Otro empleado reportó una pila de 18 pulgadas de alto de documentos para firmar de una sola vez.
Los empleados de Wells Fargo reportaron haber firmado hasta 600 documentos por día. Cuando los empleados le dijeron a la gerencia superior que no podrían manejar la carga de trabajo, el banco les recortó el tiempo para la firma de documentos.
La unidad de hipotecas de Citigroup “firmaba regularmente los documentos de ejecuciones hipotecarias sin la presencia” de un notario público, como es requerido por la ley, dice el Inspector General en el informe.
El informe sobre Ally Financial dice que un empleado firmaba “rutinariamente” 400 declaraciones juradas de ejecuciones hipotecarias por día y 10.000 al mes sin revisar la documentación que lo sustentaba.
Los supervisores de JPMorgan Chase le dijeron a los funcionarios del HUD que a menudo firmaron declaraciones juradas como una “secretaria auxiliar” o “vice presidente”, cuando ésos no eran sus títulos oficiales. Chase les había dado simplemente esos títulos para permitirles que firmen los documentos jurídicos.
Que el gobierno recompense a los bancos por quebrar la ley y después se rehúsen a cooperar con los investigadores dándoles una palmadita en la mano, remarca la completa impunidad con la cual la aristocracia financiera norteamericana realiza sus actos de pillaje social. Como el Antiguo Régimen Francés, son una ley para sí mismos y no sujetos a las reglas que se aplican a la “chusma”.

(1) http://www.hudoig.gov/reports/featured_reports.php

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