Reforma de la atención de salud: los supremos deciden

Por Max J. Castro

 

“La ley, en su majestuosa igualdad, prohíbe lo mismo a ricos que a pobres dormir bajo los puentes, mendigar en las calles y robar pan”, dijo el escritor francés Anatole France (1844-1924).

Durante este verano, el Tribunal Supremo de EE.UU. decidirá acerca de un caso que afectará la vida de unos 30 millones de norteamericanos, la inmensa mayoría de las cuales son demasiado pobres para comprar un seguro de salud, o demasiado enfermas como para que las compañías de seguros quieran hacer negocios con ellas, o lo suficientemente desafortunadas o no calificadas como para trabajar para un patrono que no brinda cobertura de cuidados de salud.

El caso, presentado por veintiséis estados (encabezados por mi propio estado de la Florida) contra la Ley de Protección al Paciente y Cuidados Asequibles (el nombre formal de la reforma de la atención de salud firmada por el presidente Obama hace casi dos años), se equipara con Brown (1954), en el cual el Tribunal prohibió la segregación racial, y Roe (1973), que legalizó el aborto, como uno de los asuntos constitucionales y de política social más trascendentales y polémicos presentados ante el Tribunal en décadas.

El reto específico es a la constitucionalidad de ese aspecto de la ley que obliga a todos a tener seguro de salud o pagar una penalidad, una disposición que ha llegado a conocerse como el “mandato individual”. Según la ley, el gobierno proveería de subsidios a las personas o familias de bajos ingresos, de manera que puedan pagar las costosas pólizas de un mercado de seguros impulsado por el afán de ganancia. A su vez, a las compañías de seguro se les prohíbe negar cobertura a una persona con “afecciones preexistentes”, tales como diabetes o enfermedades del corazón, o eliminar la cobertura de personas que contraen una enfermedad grave, como cáncer o SIDA.

Desde una perspectiva comparativa global, o sencillamente desde un cálculo racional de qué sería mejor para la mayoría de la gente y para la economía norteamericana, “Obamacare”, como lo califican sus muchos vociferantes oponentes de la derecha, se queda muy corto. ¿Cómo es eso? ¿Y por qué los fanáticos derechistas y el complejo industrial de la atención de salud se alzan contra un plan de cuidados de salud que está basado en extremo en el mercado y que entregaría decenas de millones de nuevos clientes a las compañías de seguros de salud?

Las beneficiarias del modelo mercenario de medicina que se ejerce en Estados Unidos –compañías de seguros, la industria farmacéutica, hospitales con fines de lucro, la Asociación Norteamericana de Medicina, y una legión de actores secundarios– obtienen ganancias enormes del sistema tal como es. Bajo el actual status quo ganan como bandidos, por lo que se han opuesto sistemáticamente a todos los cambios propuestos para el sistema, incluyendo Medicare y “Obamacare.

Con sagacidad, también invierten una porción de su bonanza financiera en un ejército de capaces cabilderos armados con toneladas de efectivo y empeñados en favorecer a miembros clave de lo que el humorista Will Rogers llamó una vez “el mejor Congreso que pueda comprarse”. Y la industria contribuye fuertemente a las campañas presidenciales. Mostraron su fuerza bruta durante la administración Clinton en la década de 1990, cuando pulverizaron el plan de reforma de la atención médica que presentó la primera dama Hillary Clinton a nombre del presidente.

Así que en cuanto a la reforma de la atención médica, Barack Obama llevaba las de perder desde el principio. Muchos progresistas, entre los que me incluyo, piensan que pudo haber hecho las cosas un poco mejor. Pero no hay forma que hubiera podido obtener todo lo que queríamos: un sistema de atención médica de un solo pagador (el gobierno) como el de Canadá y el de casi todos los otros países desarrollados. En Estados Unidos, bajo el sistema tal como existía antes de la reforma de Obama, unas 45 000 personas morían cada año simplemente porque carecían de seguro de salud. Un número mucho mayor sufrían dolores y sufrimientos innecesarios –o perdían todo e iban a la bancarrota. Bajo la reforma de Obama, la escala de esta tragedia al menos debe reducirse significativamente. Eso no es poca cosa. Quizás haya sido el mejor resultado que la administración podía obtener debido a todos los intereses creados que se unieron en contra del cambio.

Pero hasta esta reforma extremadamente modesta era demasiado para gente como el gobernador Scott de la Florida, un ex ejecutivo de atención médica que ganó una enorme fortuna administrando medicina mercenaria, e incontables otros de su calaña, incluyendo a Mitt Romney, quien como gobernador de Massachusetts instituyó un programa que fue el modelo para el de Obama, pero ahora ataca cínicamente a la administración por llevar su creación a un nivel nacional.

Ahora la batalla se libra en el más alto tribunal del país. La mayoría de los juristas académicos piensan que el precedente favorece un voto mayoritario para confirmar la ley. Pero la derecha ha dedicado décadas a inyectar su ideología en el poder judicial –y en muchas otras instituciones, en especial en los medios– y logrado enormes éxitos hasta en el Tribunal Supremo. En su tristemente célebre decisión de Ciudadanos Unidos y en otros casos, el tribunal de Roberts ha demostrado su disposición a ignorar un siglo de precedentes y su inclinación a interpretar la ley de manera en que favorezca a los ricos y poderosos a expensas de los vulnerables.

La destrucción de “Obamacare” sería coherente con los antecedentes de este tribunal. Además, en un año de elecciones, una decisión de invalidar una medida que representa el logro insignia de la administración Obama significaría un duro golpe para las aspiraciones de reelección del presidente. Sería la segunda vez en una docena de años que un Tribunal Supremo favorable a la derecha desempeñe un importante papel en decidir quien ocupa la Casa Blanca. Anatole France debe estar riendo en su tumba.

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